LA EXPANSIÓN GEOGRÁFICA DE LA CIUDAD

Damos difusión a la nota del diario La Capital de Mar del Plata, del día miércoles 12 de febrero de 2014.

La expansión geográfica de la ciudad será un tema central en el debate del nuevo COT

La discusión del nuevo Código de Ordenamiento Territorial incluirá, entre otros temas, el debate sobre cuál debería ser en el futuro la dimensión del área urbana dentro del partido. Distintos estudios aconsejan consolidar una ciudad más compacta, densa y eficiente.

por Gabriel Coronello Aldao

La decisión de poner en marcha a partir de este año un debate legislativo tendiente a reformar y actualizar el Código de Ordenamiento Territorial vigente desde 1979, abrirá la discusión sobre múltiples variables vinculadas a la ocupación y el uso del suelo dentro del Partido de General Pueyrredon. En este contexto surgirá la disyuntiva de si resulta necesario fijar o no criterios que permitan establecer límites para la expansión geográfica de Mar del Plata y de Batán.

Con una superficie total de 146 mil hectáreas, dentro del partido el área urbana ocupa casi 12.500. Dentro de ellas es donde se concentra más del 95% de la población, por lo que definir lo que suceda en ese espacio se presenta como un desafío central.

Entre otras cosas se deberá resolver si el nuevo COT admitirá que el área urbanizada de General Pueyrredon siga creciendo, o si por el contrario, se establecerán medidas que le pongan freno a este fenómeno.

Diversos estudios señalan que lo más recomendable sería fijar desde ahora límites claros que impidan que la ciudad continúe expandiéndose, aún cuando su población crezca.

El Plan Estratégico, cuyas conclusiones acaban de ser presentadas esta semana, menciona por ejemplo la necesidad de que el COT esté orientado a concretar "el modelo de ciudad sustentable". Es decir, que se fijen pautas que permitan que en vez de crecer de un modo descontrolado, el ejido urbano de Mar del Plata no exceda demasiado sus proporciones actuales.

Por otro lado, un estudio realizado en el marco de la Iniciativa de Ciudades Emergentes y Sostenibles del Banco Interamericano de Desarrollo -elaborado por la consultora Geoadaptative- estableció cuál sería la diferencia entre permitir que la "huella urbana" siga expandiéndose de acuerdo a la tendencia natural de las últimas décadas, o en cambio, adoptar un conjunto de medidas "inteligentes" con estrategias de sostenibilidad y de protección de la infraestructura verde.

Dos pronósticos

La diferencia entre uno y otro escenario es clara. Mientras que en el primer caso la superficie de Mar del Plata se ampliaría convirtiendo en urbanos a sectores rurales generando múltiples conflictos, en el otro se obtendría una ciudad mucho más compacta y más simple de administrar, aseguran los expertos.

En este marco la modificación del COT aparece como una discusión central ya que, entre otras cosas, esta norma establecerá para el futuro un conjunto de disposiciones claves. Por ejemplo, determinará qué tipo de usos se podrán realizar sobre el territorio -residenciales, agrícolas, industriales, comerciales, etcétera- a la vez que marcará pautas para las edificaciones, indicando por ejemplo, alturas y densidades.

De todos modos, el control de la huella urbana no dependerá únicamente de lo que se establezca en el COT, más allá de que en este sentido, se trate de una norma esencial. En rigor, el manejo de este tema dependerá también del diseño y de la implementación de otras normas y medidas vinculadas a, por ejemplo, la provisión de servicios, desarrollo de infraestructuras o el rediseño del sistema de transporte, entre muchos otros factores.

Según pudo comprobarse a través del estudio realizado por el BID mediante el análisis de imágenes satelitales, entre los años 1985 y 2001 la huella urbana del Partido creció casi un 10%, pasando de una superficie total de 11.400 a 12.400 hectáreas. En cambio, entre 2001 y 2011el crecimiento fue prácticamente nulo, de sólo 0,15%.

En este proceso, el partido perdió 314 hectáreas de espacios abiertos, 893 de áreas de cultivos y campos y 16 hectáreas de humedales boscosos.

De cara a 2030 existen dos pronósticos bien definidos y documentados, según surge de los análisis realizados por el BID. Lo cierto es que también este organismo advierte sobre las consecuencias que tendría no acordar desde ahora pautas que regulen la expansión geográfica, y que a la vez, mejoren la calidad de vida dentro de la ciudad para que pueda ser habitada por una mayor cantidad de personas sin que esto signifique un problema.

De acuerdo a las conclusiones que arrojaron estos trabajos, aún teniendo el mismo número de habitantes en uno o en otro escenario, siempre sería más ventajoso que Mar del Plata no continúe ampliando sus fronteras urbanas.

Es que si en cambio la ciudad se siguiera expandiendo hacia los suburbios como lo vino haciendo hasta ahora, el municipio tendría que afrontar mayores costos para la provisión de servicios de infraestructura básicos (pavimento, agua, saneamiento) mientras que la vida cotidiana de la población podría desmejorar y convertirse en más cara al tener que recorrer mayores distancias físicas para acceder a los trabajos o servicios de salud, educación o recreación.

DÉFICIT HABITACIONAL

Compartimos nota publicada el DOMINGO 16 DE FEBRERO DE 2014 en el suplemento cash del diario página 12.

Déficit habitacional

Por Raúl Fernández Wagner *

En la escena política y social, en estos días confluyen dos debates que es urgente relacionar. Por una parte, el de la inclusión de la función social de la propiedad en la reforma del Código Civil y Comercial (con media sanción en la Cámara de Senadores y tratamiento inminente en la Cámara de Diputados) y por otra parte, la profunda crisis habitacional en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Crisis que las organizaciones y los colectivos sociales que sufren graves penurias habitacionales denuncian como un despropósito, dada la existencia de una gran cantidad de viviendas vacías.

Pues efectivamente en la CABA, el último Censo Nacional de Población y Vivienda (realizado en octubre de 2010) sorprendió con datos muy abultados de viviendas vacías, que promedió el 24,91 por ciento. Más allá del sorprendente 39,84 por ciento de la zona central que seguro tiene departamentos que son oficinas, los distritos residenciales más tradicionales, como Recoleta (34,50 por ciento), Palermo (29,47), San Cristóbal y Balvanera (25,20), tienen un alto registro. Lo mismo que Belgrano, Colegiales y Núñez (24,58) y Caballito (21,85 por ciento). Habiendo cinco comunas más que rondan de 18 a 20 por ciento, e incluso los barrios populares del sur cuyas dos comunas tienen no menos del 17 por ciento de viviendas vacías. Es decir que en la CABA, de 1.425.840 viviendas censadas, hay 340.975 vacías.

Si se recuerda que el informe Buenos Aires sin Techo de la Legislatura de la Ciudad (realizado en 2007) y del análisis de los datos censales de 2010, los hogares –que se pueden considerar que habitan en condiciones deficitarias– rondan la cifra de 140 mil. Es decir que las viviendas desocupadas en la CABA superan dos veces y medio el déficit.

La propiedad es un derecho y la propia Constitución de la CABA garantiza su inviolabilidad, pero al estar concebido en forma absoluta, naturaliza que un propietario –en el pleno ejercicio de la propiedad– pueda decidir no usar la vivienda.

Propiedad

La función social de la propiedad reconoce la existencia de un límite en el derecho de propiedad, cuando su ejercicio perjudica a terceros. Esto es lo que ocurre cuando una vivienda no se usa. Se perjudica a otros, al colectivo social urbano. Lo cual, dada la forma en que la vivienda se modula en el espacio urbano y las características particulares de la localización de las personas en éste (en relación con los servicios requeridos) tendrá enorme gravitación en las oportunidades para el desarrollo de la vida. Por lo que no ocupar la vivienda es una práctica habitual que implica una “retención especulativa” que vulnera derechos de otros habitantes (de localización, de costos de habitar, de relación con la economía urbana).

En Argentina predomina el paradigma de política pública que, si existe un “déficit”, el Estado debe construir más viviendas, pero no regular los mercados de la vivienda (y el suelo). Entonces el problema siempre se reduce a cuestiones de financiamiento y/o de ejecución de programas de construcción. Por lo que a la manifiesta desigualdad socioespacial –que el Censo expresa– se plantea como solución agregar más viviendas a un parque que mantiene la cuarta parte ocioso.

En varios países de la Unión Europea, la vivienda vacía se considera un serio problema urbano, económico, social y medioambiental. En esta concepción –la función social de la propiedad– significa que el derecho propiedad es un derecho-deber y por lo tanto afectado en relación con el interés general. Pues la vivienda vacía, en tanto constituye una externalidad colectiva, demanda que la actuación del Estado centre el foco en evitar que este fenómeno se produzca, y así propender a equilibrar la relación entre población y vivienda, asegurando una ocupación plena y por lo tanto evitando la especulación.

La ortodoxia del Estado social y democrático de derecho europeo, con constituciones que establecen que toda propiedad está orientada a su función social (en los hechos concretada por las leyes y disposiciones de política pública) ha propuesto abordar esta cuestión mediante dos grandes tipos de medidas:

1) La penalización de la permanencia voluntaria en desuso; y 2) el fomento público de su rehabilitación, alquiler o venta.

Ejemplos

Para un país como Suecia –que ha tenido una sostenida política social de vivienda basada en la desmercantilización de una parte del stock–, la existencia de viviendas vacías implica un aumento del gasto para los municipios. Pues ello incrementa el precio oficial de los alquileres de la vivienda protegida; como estos alquileres están garantizados por las autoridades locales (siendo los municipios los que pagan la diferencia entre el precio oficial y el social abonado por el inquilino), por lo cual el aumento de viviendas privadas vacías implica un mayor gasto en alquiler público para los gobiernos locales. Para evitarlo, ellos ofertan viviendas en alquiler más baratas (pública propia o concertada privada) para poder reducir el número de viviendas vacías y sus costos presupuestarios, y llegado el caso –como medida extrema– demuelen las viviendas vacías cuando son edificios enteros.

En Dinamarca es aun más extrema la acción pública, pues desde mediados del siglo pasado en los municipios de mayor tamaño se imponen multas a los propietarios de viviendas que las mantengan vacías más de seis semanas. Las cuales de hecho, se pueden imponer simplemente por no informar al municipio cuando una vivienda lleva más de seis semanas vacía.

En los Países Bajos, hay –como en casi toda la UE– importantes subsidios públicos para que personas o familias hagan frente a sus gastos mensuales de alquiler (privado o público); al tiempo que hay numerosos programas de ayudas públicas a la rehabilitación de viviendas destinada a su posterior puesta en alquiler. La legislación que consentía la ocupación de viviendas vacías (en forma legal) y su devolución al propietario, si demostraba que ésta no volvería a estar vacía (pudiendo ponerla en venta o alquiler) cambió a partir de 2010. Pues fue muy polémico que el hecho de no poder expulsar (al okupa) o los acuerdos arrendaticios con éstos también influenciaban en el aumento de la oferta en alquiler. En octubre de 2011, la Corte Suprema sentó precedentes con un fallo en el que sólo se puede desocupar un inmueble siempre y cuando sus ocupantes tuvieron el debido proceso judicial.

En el caso de Francia, existen dos tipos de medidas públicas para favorecer el alquiler de las viviendas vacantes. Por una parte, hay subvenciones y desgravaciones fiscales para los propietarios privados de vivienda vacía que la rehabiliten y pongan posteriormente en alquiler; y por otro lado se obliga a alquilar a las entidades sin ánimo de lucro aquellas viviendas sociales mediante la modalidad de alquileres concertados con las administraciones públicas.

Además se cobra un canon sobre viviendas vacías en las ciudades de más de 200.000 habitantes, cuando la tasa de vacancia sea superior a la media. El dinero recaudado se destina a un instituto público que rehabilita viviendas. La tasa es del 10 por ciento del valor catastral de la vivienda el primer año, el 12,5 por ciento el segundo y 15 por ciento el tercero y posteriores. En Francia se realizan requisas gubernamentales de viviendas que lleven más de 18 meses vacías y cuyos propietarios –sólo personas jurídicas– no hayan puesto medios para alquilarlas en municipios en los que haya necesidad de vivienda en alquiler de precios moderados. Requisa que podrá extenderse a 12 años.

En el caso de Alemania, para las viviendas vacías y deterioradas, se obliga a los propietarios a realizar trabajos de rehabilitación; en caso de incumplimiento, caben las multas, la administración sustitutiva de la vivienda por el Estado (alquiler forzoso) e incluso la expropiación. En municipios con más del 10 por ciento de viviendas vacías, la Administración procede a demoler las viviendas vacías que no se pueden alquilar, siempre que lo que esté vacío y no sea alquilable o sea un edificio entero.

En el caso del Reino Unido existe una Agencia Estatal de la vivienda vacía, que impulsa a los municipios a reducir el número de viviendas vacías, y media entre éstos y los propietarios privados de viviendas. Ello tiene por función movilizar el parque inmobiliario existente y evitar que se deterioren los barrios. Existen incentivos fiscales para los propietarios privados por la compra y rehabilitación de las viviendas vacías y además existe un presupuesto público dedicado a comprar viviendas privadas vacías para ponerlas en alquiler social.

Existen penalizaciones impuestas a los propietarios que mantengan voluntariamente vacías sus viviendas, por parte de las autoridades locales, quienes están obligadas además a publicar anualmente información sobre el número de viviendas privadas vacías. Llegando los municipios a que se efectúe el alquiler o venta forzosa de las viviendas privadas que lleven más de seis meses vacías, salvo que sea una segunda residencia, su propietario esté enfermo o recién fallecido y se esté tramitando la herencia, esté trabajando en otra ciudad o la utilice de forma esporádica. Esto alcanza a unas 600 mil viviendas en Inglaterra.

Esta experiencia europea muestra la necesaria articulación con la planificación y la existencia de límites al ejercicio de los derechos individuales sobre los bienes, para así posibilitar la ampliación de los derechos (socioespaciales) sin afectar el de propiedad en sí, sino condicionándolo a una relación armónica en simultáneo con el interés social y colectivo.

En el caso de la CABA, el enorme volumen de viviendas vacías hace necesario tener en cuenta el artículo 27 de su Constitución, que establece el desarrollo en forma indelegable de una política de planeamiento y gestión del ambiente urbano integrada a las políticas de desarrollo económico, social y cultural, y específicamente el artículo 31 que (muy vagamente) auspicia la incorporación de inmuebles ociosos.

La profunda inequidad social y espacial de nuestras ciudades demanda que el deber de ocupación derivado de la función social de la propiedad constituya un principio fundamental para un desarrollo más justo

* Profesor de la UNGS y miembro de Habitar Argentina.

LA DESATENCIÓN HABITACIONAL

Damos difusión a la nota publicada por el diario Página 12, el día lunes 13 de enero de 2014.

CRITICAS A LA POLITICA DE VIVIENDAS DEL GOBIERNO PORTEÑO

La desatención habitacional

Las subejecuciones presupuestarias de los programas de viviendas y la falta de créditos hipotecarios son parte de “una prolija decisión instrumentada desde el inicio de la gestión” del PRO, sostuvo el diputado Juan Cabandié.

 “La desatención en materia habitacional por parte del PRO no es de ahora sino que es una prolija decisión de Estado instrumentada desde el inicio de la gestión”, aseguró el diputado nacional Juan Cabandié. Tal como informó Página/12 días atrás, durante 2013 el gobierno de Mauricio Macri recortó programas de vivienda y subejecutó más de la mitad de los 1300 millones de pesos disponibles para atender la problemática. A eso se añaden datos surgidos de un informe de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, en el que se muestra que la gestión macrista, en seis años, entregó únicamente cien créditos anuales –individuales o de familia– para vivienda. A las críticas se sumaron la legisladora porteña Paula Penacca (FpV) y el auditor general Eduardo Epszteyn, quien señaló que “la tierra es un factor muy escaso en la ciudad de Buenos Aires”, y el macrismo “dispone los terrenos para otros fines, no para la vivienda”.

Cabandié afirmó que “el macrismo, con otras acciones de gestión, esconde la problemática habitacional”, y aseveró que el Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC) –principal órgano dedicado al desarrollo de políticas habitacionales– es “una estructura de la ciudad de Buenos Aires inservible en estos años”, dado que “sólo les paga el sueldo a mil personas, pero no urbanizan villas ni hacen barrios”.

De acuerdo con un informe de la defensoría del último 19 de diciembre, el “saldo no utilizado entre 2009 y 2013 asciende a 267.576.007 de pesos”, que “representa más de 630 créditos hipotecarios que podrían haber sido otorgados en estos años (tomando como referencia los montos mínimos vigentes)”. El organismo resalta que “en caso de haberse ejecutado la totalidad del presupuesto, prácticamente se podría haber duplicado la cantidad de créditos otorgados de 2007 a la fecha”. Más aún, el Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC) nunca en su historia ejecutó la totalidad del presupuesto asignado sobre “la política crediticia del Gobierno de la Ciudad”.

“Lograron que la gente no sepa a qué organismo acudir para resolver las cuestiones relacionadas con la vivienda”, manifestó Paula Penacca, quien agregó: “Hay cosas que las heredaron, como la ley 314 para cooperativas de vivienda, pero en 2012 crearon el programa Primera Casa, y ese presupuesto tampoco lo han ejecutado en su totalidad”. En tal sentido, el último año no “tuvieron impulso los créditos de primera vivienda, pese a los anuncios de la gestión macrista”, ya que “el presupuesto total no superó los cinco millones de pesos”. Los datos relevados por la Defensoría indican que el lanzamiento del Programa Primera Casa BA, en junio de 2012, “previó el otorgamiento de entre 3500 y 4000 créditos”, se presentaron 200 mil solicitudes, de las cuales el IVC sólo derivó 5276 carpetas y el Banco Ciudad aprobó 3114 créditos. Sin embargo, “hasta el mes de agosto se efectivizaron 508”, es decir, entre el 12,7 y el 14,5 por ciento de los créditos calculados.

Por su parte, Epszteyn, auditor general de la ciudad de Buenos Aires, aseveró que “hay una decisión de abandonar la política de vivienda”. En sintonía, Cabandié destacó que “el macrismo construye una agenda mentirosa”. “Quiere hacernos creer que lo que necesitamos es el metrobus o las bicisendas”, cuando “la necesidad de los porteños, desde hace 10 años, es la vivienda”.

Tanto Penacca como Epszteyn señalaron que la gestión del PRO considera como un negocio inmobiliario a la tierra. “Hoy existe una política donde la ciudad vende inmuebles ociosos para que se desarrollen negocios inmobiliarios, cuando éstos podrían ser parte del dispositivo de resolución de la problemática habitacional”, indicó la legisladora. Mientras que el auditor remarcó que existe un crecimiento “de manera irracional de villas, por la escasa tierra que hay”.

REDES PARA CREAR MÁS DEMOCRACIA

Le hacemos llegar la nota publicada en el diario Tiempo Argentino del día sábado 14 de diciembre de 2013.

La recomposición del tejido social

Redes para crear más democracia

La participación popular en las políticas públicas como una herramienta de profundización de las transformaciones sociales.

  

REDES PPGA (PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA Y GESTIÓN ASOCIADA)  

Héctor Poggiese y Fabio Oliva

Después de 30 años de períodos democráticos sostenidos en nuestra patria, los que hemos transitado alguna etapa de nuestra vida en dictadura sabemos que la violencia hecha sistema de gobierno deja huellas difíciles de borrar. En ocasiones, esas marcas se han naturalizado y ya no las reconocemos, pasaron a ser parte de nuestra vida, convivimos con ellas diariamente. El sociólogo Daniel Feierstein habla en uno de sus libros de prácticas sociales genocidas y traza un relato que prueba la continuidad entre el nazismo y el autodenominado "Proceso de Reorganización Nacional", título que ponía en evidencia, sin ocultamientos, la finalidad del plan cívico-militar. 

Las frases "no te metás", "por algo será", "en algo andarán" son indicadores de una sociedad quebrada que cambió relaciones sociales de cooperación, solidaridad, reciprocidad, por otras de subordinación, delación, individualismo. El tejido social se fragmenta, se aísla, se va transformando en un "fleco social", compartimentado, de vías paralelas, que favorece las relaciones corporativas. 

La recuperación de la democracia y el ejercicio del voto marcaron un punto de inflexión, pero sabemos que eso solo no alcanza. Los '90 fueron una clara muestra; vimos cómo muchas de esas prácticas volvían a ponerse en evidencia y nos alertaron de la necesidad de cambios más profundos. La fragmentación social, el individualismo, la falta de solidaridad permanecen, resisten el paso del tiempo como un residuo sólido, y reaparecen, enmascaradas de violencia en las más variadas formas: mezcladas en los cacerolazos, entrometidas en las robaderas que inundaron Córdoba durante la huelga policial. 

A veces el tejido social se recompone como reacción espontánea, como en las asambleas de 2001-2002, que nacieron en medio de una crisis terminal, explosión obligatoria para quienes eran por ella lacerados, y fueron deshilvanándose y enseguida disolviéndose. Fueron una enorme posibilidad de reconstitución del tejido social, vía movilización, pero no alcanzaron a leerse a sí mismas en el potencial que como redes en ebullición significaban. 

Otras veces, el tejido social puede recomponerse de forma natural, sin proponérselo, como un extenso proceso de recuperación y reintegración de la sociedad argentina. Aquí, la variable tiempo es inestimable; dependerá de una etapa histórica impredecible.

Sin embargo, también existe una forma intencionada, propositiva, de recomponer el tejido social en base a constituir políticas públicas como embriones de transformación social, por la vía de una acción asociada entre Estado y sociedad: las "redes socio gubernamentales". Basta para eso que los gobiernos convoquen a la participación popular en sus procesos de elaboración y ejecución de programas, transformando esos procesos en sitios de aprendizaje de la gestión de lo público y de ampliación participativa de la democracia representativa. Una política pública específica puede tener como objeto esa finalidad de aumentar la participación popular, como la ley boliviana de planificación participativa, o la venezolana que crea los consejos comunales decisorios.

En el contexto actual, transitando un camino de ampliación de derechos para los que menos tienen, de respeto por la diversidad y las minorías, con evidentes huellas de democratización como la Ley de Medios, avanzar en un Programa de Participación Popular en Políticas Públicas parece un desafío a la altura de una nueva década de consolidación y profundización de la democracia ganada.

LOS CHICOS NO SE OLVIDAN DE LA INUNDACIÓN

Muy interesante trabajo realizado en la Villa Cildañez (nota del diario Tiempo Argentino del día viernes 29 de noviembre de 2013).

La trágica tormenta del último 2 de abril se ensañó con los vecinos del barrio Cildáñez. Muchos perdieron todo. Para que no se repita, los pibes volcaron la dolorosa experiencia en un mural.

Ocho manzanas forman un mundo dentro del mundo. En las orillas de Buenos Aires, Villa Cildáñez debe su nombre a un arroyo hoy entubado. Desde este bautismo, la villa está unida a las aguas. El último 2 de abril, ocho personas murieron en distintos puntos de la ciudad, y el barrio Cildáñez sufrió una inundación sólo comparable a otra de 1985. En la esquina de Homero y Echeandía, un mural evoca, sin estetizarlas, las penurias que produjo el agua. Lo pintaron alumnos y docentes de la Escuela Nº8 del Distrito Escolar 13º. "La inundación generó una conciencia más exacta de todos los dilemas que enfrenta la villa", dice María Teresita Orlando, vicedirectora del colegio de la calle Homero al 2100, a metros de la esquina ilustrada, donde en encuentros abiertos la comunidad local busca construir una red de prevención y respuestas propias ante las tormentas y, sobre todo, ante la indefensión que sufren por las periódicas inundaciones. 

"Sucedió que los chicos llegaron con mucha tristeza al día siguiente de la tormenta, muy desanimados. Vinieron a la escuela porque justamente este edificio no se había inundado. Ellos, sus familias, habían perdido todo, y la verdad es que los relatos eran escalofriantes", añade Teresita, e introduce en la charla a los responsables del mural, quienes procuraron procesar el tránsito desde el dolor y la pérdida que padecieron los chicos hasta formas activas de transformación y prevención. "El mural fue el resultado de un trabajo pedagógico que incluyó relatos colectivos e individuales, y su traducción a música e imágenes", cuenta Catalina Escandel, la maestra de Plástica. Junto a Federico Mercado, el profesor de Música, decidieron trabajar lúdicamente con las experiencias de la inundación. "El mejor signo de que fue un trabajo colectivo es que el mural sigue intacto, nadie pintó encima; es la mejor prueba de que todo ese dolor pudo ser convertido en la denuncia de algo que no debió haber pasado nunca." Unos siete docentes guiaron a decenas de estudiantes en un proceso que, no sin simbolismo, culminó el 11 de septiembre, el Día del Maestro, con la inauguración del mural.
La Escuela Nº8 es una radiografía del barrio, multiétnico y multicultural, unido por la carencia y la precariedad pero también por la determinación en hacer valer derechos desatendidos. "Ese día, la casa se inundó hasta acacito nomás", cuenta Liana, que tiene 9 años, está en tercer grado y llegó desde Bolivia hace "harto tiempo". Señala con sus deditos justo donde terminan sus medias rosas, tres centímetros abajo de las rodillas. Ponen en palabras, ella y dos de sus compañeritas, lo que vivieron aquel día, que fue un auténtico divorcio entre el barrio y las aguas. Azul recuerda que ese día dormía con su abuela, "fue ella la que me despertó, pisó el agua y me dijo que la casa se inundaba, y yo me acordé de esa vez que se nos había volado el techo". Cuando hablan, descubren un mundo familiar rico, variado, complejo, donde primos, hermanos, tíos y padrastros hacen lucir reducido el núcleo habitual de padre, madre y prole. A Lourdes, que es más alta y tiene 12, está en sexto y nació en Asunción, no la despertó el tacto sino el olfato: "Yo vivo a tres cuadras de la escuela, y me desperté por el olor a nafta, del auto de mis tíos que ya se había llenado de agua; ellos y mis abuelos, que duermen abajo, trataban de pararla pero seguía entrando." Los relatos de las tres se confunden entre las pinceladas que cubrieron la pared blanqueada con cal, se completan ahí, en el mural.
Fabio Oliva integra la Red Intercomunal Cuenca Cildáñez (RICC), una organización que viene realizando encuentros públicos para conocer los dilemas del barrio, y programa un plan de contingencia y soluciones de base para los barrios que conforman las comunas 8 y 9 de la Ciudad de Buenos Aires, los que están sobre la cuenca del riacho hoy capturado bajo el asfalto de la avenida Juan Bautista de La Salle. Los vecinos más viejos casi no dicen "La Salle"; dicen "el arroyo". Pero esa ausencia entubada afloró a mares con la tormenta, la vieron todos, la sufrieron. "Después de la inundación, todos tomaron conciencia de que por acá corre un arroyo que proviene de Mataderos, pasa por Parque Avellaneda, llega a Soldati y termina en el Riachuelo, y que desparrama residuos de los mataderos: por eso antes lo llamaban Arroyo de la Sangre", explica Oliva.
Mañana se celebrará el tercer y último encuentro popular organizado por la RICC, esta red mixta "socio-gubernamental, técnica, política y comunitaria, conformada por vecinos, instituciones y áreas de gobierno de la Nación y de la Ciudad". Oliva lo define como "una experiencia territorial de planificación participativa", que organiza grupos de trabajo que vienen reuniéndose desde la inundación del 2 de abril, con el foco en dos ejes: la memoria de la cuenca y el relevamiento participativo, que recoge toponimias e historias personales y colectivas. Entre sus logros está el trazado de un Mapa de Riesgo de la Cuenca Cildáñez, que servirá como guía para las obras que se realicen en el barrio. Su desafío, dice Oliva, es "construir consenso para generar herramientas de intervención en políticas públicas", o en palabras tanto más simples, esas que usaron los alumnos de la escuela, "hacer algo, porque si no, nos tapa el agua". «

Los vecinos vuelven a reunirse

El tercer encuentro de la Red Intercomunal Cuenca Cildáñez se hará mañana sábado en la Iglesia Nuestra Señora de los Remedios, a dos cuadras de la Escuela Nº8, en Florentino Ameghino al 1400, de 15 a 18

VIVIR EN LA AUTOPISTA FANTASMA

les compartimos una nota que fue publicada el domingo 17 de noviembre de 2013, en el suplemento radar del diario página 12.

FOTOGRAFIA El año pasado, Victoria Gesualdi ganó el Premio de la Feria del Libro de Fotos de Autor con La traza, su ensayo sobre esa tierra arrasada que la dictadura despejó para la nunca construida autopista Central, la AU3. Las fotos, focalizadas en la codiciada zona norte de la Ciudad, son también un mapa de la desidia del Estado, la especulación de grupos inmobiliarios y los modos de acceder a la vivienda. Pero fundamentalmente, gracias a las entrevistas con los habitantes de estas casas, los que se resistieron al desalojo y los que se fueron, es un testimonio de la historia política y social de Buenos Aires.

El Cristo se abre la túnica roja y puede verse sobre el pecho un corazón dizque sagrado, herido, con una cintura de espinas, que en simultáneo irradia energía y sostiene una fogata. El marco modesto que contiene a esta imagen acusa el trabajo de la humedad sobre los materiales, los desprendimientos que los hongos producen en la cal, el hierro, los azulejos. Cuelga de una pared de la casa de Rosa, que se resiste al desalojo; vive ahí, en Donado y La Pampa, desde 1986, y eso implica buena parte de su historia: “La casa es un útero”, le dijo a la fotógrafa Victoria Gesualdi, mientras le contaba de esa época. En otra foto, la imagen del presidente de entonces, Raúl Alfonsín, puede verse tumbada entre los escombros y la escena de desmonte de otra casa cercana, en la que Miguel Angel vivió 32 años: las dos herraduras que todavía colgaban de la pared no alcanzaron a conjurar la suerte de la vivienda, que fue demolida luego de que sus ocupantes aceptaran un subsidio habitacional. Las fotografías son parte de La traza, el flamante libro con el que la editorial La Luminosa pone a circular este ensayo de Gesualdi, con el que ganó este año el 1er Premio Felifa Dot en el marco de la Feria del Libro de Fotos de Autor.

Vista de la calle Donado entre Virrey del Pino y Carbajal. Límite sur del Sector 5 de La Traza de la ex AU3.

Durante la última dictadura, el brigadier Osvaldo Cacciatore, intendente de Buenos Aires, craneó el proyecto de una serie de nueve autopistas: alcanzó a construir la 25 de Mayo (AU1) y la Perito Moreno (AU6) y a encarar una serie de expropiaciones y demoliciones en la que iba a llamarse la Central (AU3), una prolongación de la Panamericana que correría en paralelo a unos cinco kilómetros de la costa y terminaría desembocando, ya en zona sur, en el Puente Uriburu. Las topadoras empezaron el “despeje” desde el norte y tenían lista la traza para construir en el barrio de Saavedra; en lo que iba a ser la continuación, en Belgrano R y Coghlan, el arrase quedó irregular e inconcluso con la suspensión de las obras a mediados de 1981, porque las cuentas del Proceso ya excedían el descalabro. Sobre esta última zona, denominada Sector 5, se concentraron cerca de la mitad de las expropiaciones a 900 familias; sobre esta zona se centró Gesualdi para su visión de La traza. “Cientos de casas y edificios fueron demolidos y otros tantos quedaron a la deriva de la necesidad de vivienda de sectores populares que desde entonces los ocuparon, recuperaron y habitaron –escribe–. Aunque también de especuladores que convirtieron la desidia estatal en un botín de ladrillos de oro para hacer negocios y pagar favores políticos. Rodeado por trenes, plazas, escuelas y hospitales, se trata de un destino de privilegio impensado para quienes no pueden pagar la tierra más costosa de la Ciudad, y un objeto de deseo para los que describen el espacio urbano según el valor del metro cuadrado.”

Manuel y Stella en el comedor de su casa. Viven en La Traza desde los ’90.

“Trabajé muchos años en prensa, en fotoperiodismo, y el tema de la vivienda aparecía seguido, era un emergente que siempre explota por algo, tomas, desalojos, marchas en las villas –explica Gesualdi en el bar El Faro, Constituyentes y La Pampa–. De la traza conocía un poco de la historia; me empecé a acercar como transeúnte para conocer el espacio, porque el contraste urbano es muy fuerte: en medio de uno de los barrios privilegiados de la Ciudad, con edificaciones muy imponentes, está desde hace mucho tiempo esta franja muy deteriorada. Y nadie sabe muy bien qué fue esa historia, quién está detrás de los graffiti en las calles, en las casas que se ven medio tapiadas. De a poco fui conociendo a la gente, y en el proceso fue emergiendo otro sentido. Es un tema tremendamente complejo porque tiene treinta años de historia política y social de la Ciudad, que comenzó en la dictadura y abarcó a todos los gobiernos desde entonces, con muchas leyes que lo atravesaron y muchos cambios, también, en la forma en que los ocupantes fueron tratados desde el Estado: fueron inquilinos de la Ciudad, luego los amenazaron con desalojos, después otra ley los protegió, y otra vez quisieron desalojarlos. El tema de la ocupación de vivienda es muy interesante, con muchas contradicciones que, creo, nos enfrenta a todos con un montón de preguntas. En el proceso fui tratando de entender qué pensaba sobre el tema, qué habían vivido esas familias para estar ahí, cuál era el derecho que tenían y ejercían.”

Detalle de la pared de la casa de Rosa, en Donado y La Pampa.

Gesualdi tomó las fotografías que componen La traza entre 2010 y 2012. Cuando empezó, había en la zona unas 400 familias; ella conoció a unas 50, entrevistó en profundidad a 20 y retrató a 14. Su trabajo es extraordinario por varias razones: artísticas, urbanísticas, sociales, testimoniales. En sus fotos está el registro de la megalomanía dictatorial, con esos muros seccionados, esos interiores de casas despanzurradas, y también están las personas que buscaron refugio allí, en esas viviendas rotas y/o abandonadas, materiales castigados y también resignificados de sentidos y vida. “Donde algunos vieron ruinas o negocios inmobiliarios, cientos de familias crearon casas –plantea Gesualdi–, y se apropiaron de un espacio arrasado para convertirlo en suyo.” Cuando Mauricio Macri llegó al gobierno le echó el ojo al sitio: primero desalojó compulsivamente a unas 70 familias, luego intentó crear una corporación y finalmente la Legislatura aprobó una ley para vender los terrenos del sector para construir “edificios de alta categoría”, en lo que pasó a llamarse Barrio Parque Donado Holmberg. La mitad de los afectados aceptaron un subsidio y se fueron; otros quedaron a la espera de unas viviendas sociales que proyectaba la ley; un grupo de ocho familias encaró una construcción cooperativa; algunos, los menos, se proponen resistir. Además del registro fotográfico, Gesualdi incluyó un puñado de textos que narran historias, contextualizan, retratan las traumáticas y amorosas relaciones de estas personas con las casas, el barrio. Maricel entre los escombros, poco después de irse, donde alcanzó a escribir con aerosol: “Hasta acá llegué, doblada pero jamás vencida”. Stella y Manuel, que viven ahí desde hace veinte años; él dice: “Las topadoras van a tener que pasarme por encima”. La historia de Marcela, que llegó con tres hijos y tuvo en el barrio quince más; Virginia, la segunda en nacer cuando llegaron allí, que está a punto de recibirse de maestra mayor de obras y quiere ser arquitecta, cuenta que su casa es como un imán, que muchos chicos del barrio se reúnen ahí.

Gesualdi nació en Buenos Aires en 1980. Sus trabajos como fotoperiodista se vienen exponiendo desde 2007 en las muestras anuales de la Asociación de Reporteros Gráficos. El último dato que aparece en su semblanza biográfica apunta que en abril de este año nació su primera hija, Vera. “El premio llegó unas semanas después que ella, y entonces el libro tuvo una nueva vida –dice–. El embarazo fue el tiempo del armado, en donde todas las piezas que venía juntando, pensando y anotando en mil papeles y fotos de prueba comenzaron a tomar forma, a crear un cuerpo visible, comunicable a otros, disponible para ser compartido, criticado, mirado. Creo que esa instancia productiva estuvo atravesada por lo que sucedía en mi propio cuerpo.” Cita a Gaston Bachelard, inicio de La traza: “Y siempre, en nuestros sueños, la casa es una gran cuna. La vida empieza bien, empieza encerrada, protegida, toda tibia en el regazo de una casa”. “El objetivo principal fue, siempre, hacer un ensayo fotográfico –dice Gesualdi–. Pero al hacer las entrevistas supe que era necesario que las voces estuvieran también presentes. Porque todas las historias confluían en lo que habían pasado y lo que les costaba sostener estos lugares, arreglarlos, defenderlos. Las casas a primera vista podían ser precarias, o ser malas para vivienda, pero el amor con el que se referían a ellas me hizo sentir que la relación iba muy por arriba de toda esa complejidad política y legal. Están sus historias de vida, ahí.”

"HAY QUE ABRIR LOS BARRIOS CERRADOS"

Les compartimos una interesante entrevista a Raúl Fernández Wagner que ha sido publicado en La Política Online:

El especialista Raúl Fernández Wagner reconoce los esfuerzos del gobierno en mejorar el acceso a la vivienda, pero advierte que en una década no abordó el déficit central: la propiedad del suelo. Propone cobrar un impuesto a los inmuebles sin alquilar –como en Puerto Madero- y abrir los barrios cerrados.

Raúl Fernández Wagner dice que Argentina está parada en el peor de los escenarios urbanos. Especulación, viviendas vacías, alquileres caros y una clase media que se suma a los sectores populares que no pueden acceder al hábitat. “Hasta los desarrolladores inmobiliarios más sensatos se dan cuenta”, asegura. 

Arquitecto y urbanista de la Universidad de General Sarmiento y especialista en Tecnología de la Vivienda, Fernández Wagner rescata la intervención del Estado en los últimos diez años, pero defiende una idea que va a contramano de todos los planes que se iniciaron durante la década. “No es la vivienda. Es el suelo, estúpido”, afirma en un diálogo imaginario con los gobiernos –nacional y provinciales- que favorecieron el boom de los negocios inmobiliarios sin reparar en costo ni definir una estrategia. 

Propone abrir los barrios cerrados y fijar un impuesto a la vivienda ociosa para mitigar la especulación. Pero no está sólo. Atiende en el anexo del Senado, el lugar donde funciona Habitar Argentina, espacio multisectorial que promueve desde hace 3 años una serie de leyes que apuntan a una reforma urbana con eje en los municipios.

¿Qué situación se conformó en los grandes centros urbanos en los últimos diez años? 

Se ha dado una extraña paradoja. El país ha crecido, se ha salido de la pobreza extrema de los noventa, se ha recompuesto parte de la clase media en términos de ingresos, pero al mismo tiempo han aumentado las dificultades en el acceso al suelo, lo que la gente traduce como problemas de vivienda. 

Si bien el Estado ha construido muchas viviendas (con los Programas Federales primero y después con el PROCREAR), el acceso a la vivienda se dificulta. ¿Por qué? Porque el problema es el suelo, no la vivienda. Y no se termina de entender. Además, las periferias -que siempre habían sido el lugar de los más pobres- se transformaron con las autopistas en un lugar accesible para las clases altas que trabajan en la ciudad: eso elevó el valor de las periferias y eliminó toda posibilidad de que las clases medias o populares pudieran comprar un lote en esas zonas. 

Usted afirma que la vieja idea del peronismo de construir viviendas ya no alcanza…

Sí, me refiero más a la tradición de los gobiernos peronistas. Porque en la época de Perón este tema se comprendió bien. Fue cuando se colocó la función social de la propiedad en el cambio de la Constitución. De la época del gobernador Domingo Mercante en la provincia, viene el impuesto de contribución por mejoras, que es una vieja tasa que prorrateaba los costos de una obra entre los vecinos que se iban a beneficiar y que hasta el día de hoy se puede usar. 

Las autopistas, la extensión de la red de servicios públicos… Por supuesto, la mayoría de los municipios no la usa o la usa de manera excepcional. Pero sigue siendo clave. Es lo que hoy técnicamente llamamos recuperación de plusvalía urbana.

El problema del suelo

¿Por qué remarca que hay que hablar de suelo y no de vivienda? 

El suelo es un don natural pero el capitalismo lo ha transformado en mercancía. En Holanda, el 30 % del parque habitacional estuvo siempre en manos de entidades sin fines de lucro. En países como Suecia las viviendas están en manos de los municipios. En Canadá y Estados Unidos, el 80 por ciento del financiamiento de los municipios es recuperación de plusvalía. 

Cuando el Estado opera una parte del stock de viviendas e interviene de esa manera, desmercantiliza, baja los valores del mercado. En Argentina, el Estado pone mucho dinero en construir viviendas, pero no regula los mercados. Los desarrolladores inmobiliarios reconocen que invertir en ladrillos es lo que ofrece la renta más alta. Es cierto que con el cepo eso se detuvo. Pero no tenemos un sistema de crédito hipotecario. El éxito del PROCREAR demuestra que hay un problema serio.

O sea que el accionar del Estado no buscó revertir el desarrollo del mercado…

Lo favoreció. Los 500 barrios cerrados de la región metropolitana ya ocupan el doble de la superficie de la Capital Federal. Superan los 400 kilómetros cuadrados, pero ahí viven apenas 400 mil habitantes cuando en la ciudad hay 3 millones en 200 kilómetros cuadrados. En Córdoba hay casi 300 barrios cerrados, en Mendoza 150, en Rosario...

¿En esta explosión de barrios cerrados, qué efecto considera más nocivo?

El desastre ambiental que significan los barrios cerrados no es broma. Ya lo estamos pagando con las inundaciones. Todas las urbanizaciones cerradas están alterando el humedal. Hay un geólogo, Eduardo Malagnino, que dice que la elevación de suelos de los barrios de la cuenca del Luján redujo la evacuación del agua a la mitad. ¿Y eso a quién afecta? A los pobres, que están en los terrenos inundables y padecen una alteración física del suelo que profundiza el riesgo hídrico en la región metropolitana.

¿Cuáles serían los ejes que deberían trabajarse para cambiar esta situación?

Primero, ejercer la función social de la propiedad. El suelo es un bien social pero a la vez una mercancía, limitada por su carácter social. Hay que implementar un conjunto de políticas, de leyes, que tiendan a desmercantilizar. En estos últimos diez años, no hubo mejor negocio que especular. Lo dicen los desarrolladores. Algunos, los más sensatos, a los que hemos convocado, lo admiten y dicen “hay que fijar una regla”. Miguel Pato, que es uno de ellos, ya decía hace dos años que el negocio no daba para más porque primaba la especulación. Ya veía que aunque estuvieran ganando mucho, a la larga, todos perdíamos. 

Trabajar para satisfacer la demanda real y no sólo a los inversores…

¡Claro! hoy sólo los sectores de alto poder adquisitivo pueden acceder. La clase media y media baja está muy lejos. Ese es un problema, el encarecimiento del suelo. El otro son los bajos ingresos de una porción elevada de la población, el 35 por ciento de trabajo en negro más el 7 por ciento de desocupados. El déficit habitacional está concentrado en los que ganan menos. 

El déficit habitacional

Ustedes hablan de las viviendas deshabitadas que, según algunos estudios, llegan a 2 millones en todo el país.

Hay que regular. Si vos tenés una vivienda vacía -que no se usa, pero está ocupando suelo-, el Estado puede cobrar un impuesto a la vivienda ociosa. En Puerto Madero, más de la mitad de las viviendas están vacías. No hablamos de expropiar, hablamos de que se alquile para aumentar la oferta y bajar los precios. 

Si vos tenés un lote de 10 por 30 y yo Estado te permito construir cinco pisos, tu lote vale tanto. Ahora si el Estado te dice “podés construir 15 pisos”, vale tres veces más. La normativa urbanística es un mecanismo de distribuir riqueza. Cada municipio es como si tuviera una máquina de hacer dinero. Eso que te da el municipio, en todos lados los países serios, el Estado lo recupera en parte o te lo cobra porque se sabe que es un derecho de los propietarios pero con responsabilidades sociales, limitado, porque si es ilimitado hace un daño social. Esa diferencia no es tuya, es de la sociedad. Por eso, la necesidad de capturar la plusvalía que el suelo produce. 

¿Cuándo ingresa la clase media a formar parte de los sectores que no pueden acceder a la vivienda?

Es un proceso paulatino que se da en los últimos 30 años. Hoy el alquiler es lo que más se incrementa en los sectores populares y parte de las clases medias. La gente que alquila entre los dos últimos censos aumentó un 80 por ciento. Crece el alquiler formal pero también el mercado informal. Los sectores populares no van a una inmobiliaria a hacer un contrato. Hace 10 años, el habitante de una villa tenía a sus hijos en el piso de arriba. Ahora tiene dos o tres pisos más arriba y los alquila. Un cuarto en una villa de la región metropolitana no baja de 1500 pesos. El Indoamericano fue el grito de los que alquilan en villa.

Usted describe además un fenómeno más reciente, los loteos fraudulentos. ¿De qué se trata?

Son señores que instalan una casilla un domingo y “te venden” lotes. La gente se asienta y la tierra es de otro. Están vendiendo la tierra de otro. Son ocupaciones de hecho fomentadas por promotores. Es la nueva modalidad y hay tal demanda social que la gente compra y se asienta. Después, el municipio tiene que lidiar con eso. 

El plan Procrear

¿Cómo evalúa el Plan Procrear?

En Argentina, hay un déficit de casi 4 millones de viviendas. El PROCREAR surgió como crédito para construir viviendas para gente que tenía su propio terreno. Y nosotros le decíamos al gobierno: “El déficit no es solamente viviendas nuevas. Casi dos tercios del déficit son viviendas hacinadas que hay que mejorar o ampliar”. Después, amplió posibilidades. El Banco Hipotecario sigue privatizado y perdió su función social. Pero al menos ahora el Estado como socio interviene. Las tasas subsidiadas son realmente accesibles. Ahora, surge otro problema: ofrecer créditos para compra de terrenos aumenta los precios. Insisto: tenés un Estado nacional que intenta actuar positivamente pero no toca la cuestión específica del suelo. 

¿Y quién lo hace?

Nosotros nos ocupamos de la Ley de Acceso justo al Hábitat de la provincia de Buenos Aires, donde los grandes desarrollos tienen que compensar parte de la valorización extraordinaria que generan con un 10 por ciento. Scioli la frenó pero ese 10 por ciento es nada para esos emprendimientos. Es menos que las calles que tendrían que ceder si no fuera un barrio cerrado. También hay un proyecto de ley reciente en Santa Fe. Todo apunta a generar un conjunto de instrumentos que permita volver más tranquilos los mercados, simplemente un capitalismo un poquito más razonable, a partir de cortar los circuitos especulativos del suelo.

Una ciudad lógica ideal sería una ciudad de baja densidad repartida de manera homogénea. Nosotros tenemos exactamente lo contrario. Suelo muy localizado para especulación, la gente cada vez más lejos, en los mercados informales. Es el peor de los escenarios urbanos. La paradoja es que cuanto mejor estamos más se profundiza la desigualdad socio-espacial. 

¿Cuál sería la primera ley que se debería aprobar?

Una ley de Ordenamiento Territorial a nivel nacional, que genere incentivos para que la gente alquile y no tenga la casa deshabitada y desincentivos para los que especulan. El Estado puede recuperar una parte de las tierras ociosas, tener suelo disponible y aumentar la oferta de suelo para bajar los precios. Además una ley de alquileres y regularización dominial porque hay mucho suelo irregular que necesita ser legalizado. 

¿Qué impacto tuvo lo que usted llama la “suburbanización de las elites”? 

Negativo. La ciudad es una división del suelo entre espacio público y espacio privado. Toda parcela tiene que tener acceso al espacio público. En la historia de la humanidad, la condición de la ciudad es la existencia de espacio público, ergo, los barrios cerrados no son ciudad. En Rosario, los prohibieron. Son un campamento cerrado, segregado, pero no aportan ni construyen nada a la ciudad. 

¿Y qué hay qué hacer?

Abrirlos. Y volverlos barrios abiertos, circulables, y densificarlos. Los incorporas a la ciudad con calles públicas. Después, está el tema de la seguridad, que es otra discusión, pero que también incrementa el valor del suelo y es una estrategia clara de desarrollo inmobiliario.