LA PARTICIPACIÓN LEGITIMA LAS DECISIONES

ENTREVISTA AL POLITOLOGO FRANCES LOÏC BLONDIAUX

Página 12 - Lunes 2 de junio de 2014

“La legitimidad de una decisión no puede basarse sólo en la legitimidad de la autoridad que la toma, sino que debe apoyarse también en la legitimidad del proceso que condujo a tomar esa decisión”, dice Blondiaux, autor de El nuevo espíritu de la democracia.

El politólogo francés Loïc Blondiaux sostiene que la crisis de las estructuras tradicionales de representación ha generado la aparición de un “imperativo participativo”, la necesidad de que las grandes decisiones políticas cuenten con el respaldo de una intensa participación social. Profesor de la Universidad de París I (La Sorbona), donde es colega de Pierre Rosanvallon, Blondiaux dice que “las elites deben dejar de tenerle miedo al pueblo” y asegura que “los ciudadanos poseen una experticia que es importante considerar a la hora de tomar una decisión” de gobierno.

–¿A qué transformaciones se refiere cuando habla de un “nuevo espíritu de la democracia” y de la emergencia de un “imperativo participativo”?

–Una democracia viva y eficaz se apoya para mí en tres pilares. El primero es la democracia institucional, que se organiza en torno de las elecciones, los partidos políticos y el gobierno. El segundo, que Rosanvallon llama “contrademocracia”, engloba a las manifestaciones a través de las cuales los ciudadanos controlan, critican o interpelan a la democracia institucional. Creo que es conveniente plantear un tercer escenario político, que llamaría democracia deliberativa y que debe permitir que se confronten la legitimidad de los gobernantes y la de los gobernados. Es en el marco de esta democracia deliberativa donde debe organizarse la consulta sistemática a los ciudadanos por parte del poder público. Un debate público profundo, inclusivo e igualitario en torno de los grandes proyectos y desafíos a los que se enfrenta la sociedad. En este marco, el poder político se ve obligado a justificar sus decisiones frente a las demandas de la población. Hoy, la legitimidad de una decisión no puede basarse sólo en la legitimidad de la autoridad que la toma, sino que debe apoyarse también en la legitimidad del proceso que condujo a tomar esa decisión. Ahora bien, en democracia una decisión es legítima solamente si todos aquellos a quienes se les aplica pudieron participar en la elaboración de la misma. La idea del imperativo participativo conlleva esta exigencia.

–¿Por qué sostiene que se ha producido un debilitamiento de las estructuras tradicionales de representación?

–Las instituciones de la representación se ven afectadas hoy por una doble crisis, de eficacia y de legitimidad. Frente a las crisis económicas, sociales y medioambientales, los gobiernos democráticos se muestran claramente impotentes. Parecen marionetas de fuerzas que los superan, a tal punto que se ven hoy bajo la influencia de empresas multinacionales, bancos y mercados que les dan órdenes. Las fronteras políticas se muestran cada vez más artificiales y los gobiernos nacionales son incapaces de resolver problemas (como el cambio climático) que se plantean a escala mundial. Este sentimiento de ineficacia provoca una indiferencia creciente en los pueblos, los cuales participan cada vez menos en las elecciones y parecen no creer más en el discurso político. El primer ministro francés, Manuel Valls, confesó hace poco que “el discurso político se había vuelto una lengua muerta para los ciudadanos”.

–¿Qué implica para los políticos profesionales y para los gobernantes ese “imperativo participativo”?

–Los políticos profesionales, así como las elites y los expertos, se encuentran frente a ciudadanos que ya no quieren dejarse manejar, ciudadanos cada vez más informados y preparados para movilizarse, aquí y ahora, en contra de las decisiones que consideran ilegítimas. Ya no es posible el discurso de autoridad. Tanto a escala local como nacional, los ciudadanos se movilizan de manera eficaz en contra de los proyectos que no desean. Algunos ven en eso el efecto de la individualización y del egoísmo imperantes en nuestras sociedades. Para mí, es un progreso de la democracia.

–Un problema típico de los modelos participativos es cómo y quién decide sobre qué (y de qué manera) se participa. ¿Cómo se resuelve?

–Es el problema al que se enfrentan todas las experiencias de democracia participativa: cómo estar seguro de que la participación podrá influir en la decisión. La mayoría de las veces, los políticos se conforman con dejar expresarse a los ciudadanos y luego deciden si tomarlo en cuenta o no. Ahora bien, para que sea posible una co-construcción de las decisiones es necesario que las elites dejen de tenerle miedo al pueblo. Los gobernantes tienen que dejar de pensar que el pueblo quiere ocupar sus lugares. Cuando las condiciones de la confianza están dadas, un verdadero trabajo de colaboración entre los representantes, técnicos y ciudadanos es posible y la participación puede enriquecer la decisión. Los ciudadanos poseen una experticia que es importante considerar a la hora de tomar una decisión.

–En Latinoamérica es conocida la experiencia de los presupuestos participativos, pero en su libro El nuevo espíritu de la democracia usted analiza otras iniciativas: el modelo del debate público y modelo del jurado de ciudadanos. ¿En qué consisten?

–Francia ha implementado en 1995 una institución muy original a nivel internacional: la Comisión Nacional del Debate Público (CNDP). Se trata de una autoridad administrativa independiente cuya misión es organizar un debate público lo más amplio y profundo posible sobre los proyectos de infraestructura de interés nacional. En cada uno de estos proyectos, la CNDP permite que los ciudadanos estén informados y se expresen libremente, cuando la oportunidad del proyecto está aún en debate. Cada debate dura cuatro meses y cuesta más de un millón de euros. Al final, la CNDP entrega un informe que no apunta a la pertinencia del proyecto, sino que resume los argumentos del debate. El promotor debe entonces justificar sus decisiones ante los participantes. La CNDP es una típica institución de democracia deliberativa. Tiene sus límites, pero permite sin embargo que la oposición pueda hacer valer su opinión. En cuanto a los jurados de ciudadanos, fueron inventados en los años ‘60 en los Estados Unidos y en Alemania. Están conformados por una quincena de ciudadanos ordinarios a los que se les solicita su opinión sobre una cuestión política importante, tras haberlos informados de manera contrastada. Esos jurados han demostrado que los ciudadanos ordinarios pueden tener una opinión políticamente fundada sobre cuestiones como los organismos genéticamente modificados o las nanotecnologías. Es una refutación flagrante para todos aquellos que, desde Platón, piensan que los ciudadanos son demasiado irracionales como para producir un juicio pertinente sobre cuestiones complejas.

–¿Por qué critica los modelos participativos acotados a la escala local (como son las comunas en la Ciudad de Buenos Aires)?

–Existe un peligro en reducir la democracia participativa o deliberativa al nivel local, o microlocal. La vida política de los ciudadanos no puede circunscribirse a los límites del barrio. Si organizamos la participación sólo a una escala de proximidad, eso favorece, a mi entender, los egoísmos territoriales o sociales. Introduce también un engaño democrático, puesto que la mayoría de las decisiones importantes se toma a otro nivel. En resumen, la “democracia de proximidad”, como se la practica en Francia, a nivel del barrio, por ejemplo, me parece una trampa para la democracia participativa.