MODELOS DE
PARTICIPACION Y RACIONALIDADES
ALTERNATIVAS EN EL MOVIMIENTO SOCIAL
Extraído
de Héctor Atilio Poggiese, “Programa
de transición para las comunas de la ciudad de Buenos Aires: una historia de
nunca acabar” , X Seminario Red Iberoamericana de Investigación en
Globalización y Territorio, Querétaro/México, Mayo de 2008
En este punto nos interesa
poner en claro y analizar los posicionamientos que desde el movimiento social y
la política se tomaron durante el debate participativo de la ley, que se
extendieron al período inmediato en el que esa norma mandaba desarrollar la
transición. Un modo de iniciar ese análisis es describir cuáles son las
racionalidades alternativas y alianzas urbanas que, en tensión, se confrontan
en el movimiento social.
La retomada de la cuestión de
las comunas se produce en el momento final del primer período (2000-2003) del
gobierno Ibarra (en noviembre de 2003) cuando el Secretario de
Descentralización de ese período, apoyado en el éxito relativo de la aplicación
del Presupuesto Participativo en los años 2002 y 2003, promueve un debate de
emergencia bajo la hipótesis que antes del cierre de período legislativo se
sancionara la ley. El objetivo era en
absoluto inviable y quedaba entonces como una nueva deuda con la ciudadanía,
transferida al nuevo cuerpo legislativo que se renovaba en ese fin de año.
Las condiciones de contexto
político del segundo período Ibarra (2004 en adelante) cambiaron bruscamente,
tanto en el campo de las alianzas políticas en que se sostenía la Jefatura del
Gobierno como en la composición de la Legislatura. Si en su primera gestión la
Legislatura no tuvo la presión y orientación del Ejecutivo en momentos en que
su alianza era mayoritaria, en su segunda gestión la tenue iniciativa que tomó
desde la Secretaría de Descentralización tuvo que enfrentar la competencia de
los legisladores, donde un grupo congregado en torno a la Comisión de
Descentralización de la Legislatura inició una práctica nada habitual
promoviendo un proceso de consulta (acabó llamándose mesa de tres patas por
ejecutivo, legislativo, vecinos) participativa para la elaboración del proyecto
de ley de Comunas.
El proceso iniciado en fines de
2003 entre Ejecutivo y vecinos devino en una relación tripartita, bajo la dirección de los legisladores.
Fue una jugada política que corrió por el andarivel que el Ejecutivo dejaba
casi vacío, una fórmula que reponía a los legisladores (ahora organizados en
muchos bloques) en el centro de la escena.
Aunque los núcleos de vecinos
que asistían a los encuentros eran bastante heterogéneos podemos analizarlos y
agruparlos bajo el enfoque sistémico estructural de la acción colectiva que
propone Alonso Urán[1],
que nos aproxime a su comprensión contextual como fenómeno social estructurado
tanto por su contexto socio político como por su contexto sociocultural,
denominados “estructura de oportunidad política” y “estructura de oportunidad
simbólica”:
1. Los grupos profundamente críticos al Estado, de
reciente formación (buena parte de las asambleas populares que concurrían),
cuestionaban en extremo el Presupuesto Participativo denunciando a la propuesta
gubernamental como manipuladora y engañadora. En esencia, aspiraban a que la
ley fuese lo que los vecinos quisiesen, impugnando la eventual participación de
los representantes electos. No se trataba de hacerla en conjunto sino que los
legisladores confirmaran las demandas institucionales hechas desde lo social.
Pero se creaba un contrasentido porque bajo la consigna “que se vayan todos”
estaban “soportando” discutir con los
rechazados. Estos grupos sólo abordaban el desarrollo urbano cuando referido a
la pobreza urbana, el desempleo y otros temas sociales, rechazando cualquier
propuesta de gestión compartida.
2. Las asociaciones vecinales y ONGs de perfil tradicional
y una trayectoria de encuentros y desencuentros con los gobiernos, marcada por
el ir y venir de demandas insatisfechas pero asentadas en la tozuda confianza
en que””tanto va el cántaro a la fuente…que al final consigue”. Sin llegar a
ser clientelísticas sus prácticas se enmarañan en el circuito de relaciones
institucionales ejercitando la técnica de la presión, el lobby típico del
vecinalismo, pero la relación trilateral
de la mesa por la ley de comunas creaba una instancia que, a pesar de ser todavía
desconocida en sus posibilidades, en los hechos reducía la distancia con los
decisores y abría la posibilidad de influenciar en el texto de la ley de un
modo más categórico. Estos grupos, a diferencia del anterior, son creyentes de
la democracia, tienen esperanza, confianza y deseos de consolidación del reconocimiento a la
ciudadanía aspiraban a obtener una ley con contenidos próximos a sus expectativas. La ley era su
objetivo, en la presunción de
posibilitar un Estado republicano reubicado ante la sociedad. Con el
Presupuesto Participativo tenían menos conflicto; reconocían que algunas
demandas habían sido atendidas y que significaba un avance con relación a las
acostumbradas prácticas abiertamente clientelísticas. Tal vez el criterio de
unidad en este grupo esté dado por el “institucionalismo” que por el costado
conceptual se apoya en creer que la ley es fundamental para las
transformaciones y por lado práctico se canaliza a la representatividad, el
diálogo y las estructuras institucionales vinculadas al poder. No desarrollan
una mirada al modelo de urbanización y el la economía urbana como procesos,
sino que escogen presionar por la solución de los problemas que los afectan.
3. Las redes y
proyectos que ya articulan una relación de trabajo planificado
entre comunidad y gobierno para
la gestión de problemas urbanos bajo
reglas de participación. Los actores sociales que funcionan en estas prácticas
son socios del estado en la gestión pero sin renunciar a su autonomía. Estos
grupos entienden que la democracia pude ser ampliada en forma de prácticas de
gestión asociada que produzcan transformaciones simultáneas en la sociedad y el
Estado y privilegian los procesos decisionales. Priorizan la construcción de
nuevo conocimiento colectivo y la elaboración de estrategias viables.
Desarrollan una mirada más larga en tiempo y más extendida en las
explicaciones. La homogeneidad de estos grupos se da por los procedimientos de
articulación y las metodologías de decisión porque valoran más los procesos
instituyentes que la institucionalización misma. Nacen y se desarrollan a
partir de una praxis que cuestiona la urbanización desigual, la exclusión
social y espacial y pretenden gestionar su transformación, o ponerle coto, o
torcer su rumbo.
Hacia septiembre
de 2004 cuando crecía de nuevo la incertidumbre sobre el la fecha en que sería
finalmente sancionada ley, estas
racionalidades se bifurcaron.
El grupo de tendencia asambleística se apartó
del proceso, operando un perfil
denunciativo, algunos de sus integrantes porque sus textos completos de
proyecto de ley no tenían lugar (era difícil lograr que el encuentro tripartito
funcionase como un parlamento, donde se votarían las distintas propuestas) y
otros porque no podían compatibilizar sus enfrentamientos con el gobierno en
otras lides con una acción colaborativa.
El grupo de organizaciones
vecinalistas (el más numeroso) se plasmó en una agregación política y como
grupo de presión se concentró en operar en forma propositiva sobre los
legisladores, en una alianza
inestable, con un objetivo fijo y único,
conseguir que se sancionara la ley y que su redacción estuviera bien próxima de
las “ideas fuerza” consensuadas en una comisión de síntesis que organizó la
Legislatura para simplificar las opiniones de los encuentros barriales,
integrada por cuarenta vecinos ¡elegidos por los legisladores!.
El grupo de las redes y prácticas de gestión urbana asociada retomó
el modelo de construir escenarios de planificación que posibilitaran la
formación de alianzas para el proceso futuro de implantación de las
comunas, preparando el tránsito a nuevas
situaciones, en forma prospectiva.
Buscando una conexión histórico-prospectiva entre las experiencias ya
existentes de gestión participativa y la hipótesis que la comuna pudiera llegar
a ser una experiencia generalizada de gestión participativa, extendida por una
política publica institucionalizada en
la acción del estado, se concentraron en trabajar con las áreas del Ejecutivo
que tendrían la responsabilidad futura de esa implementación.
Estas dos tendencias (la
propositiva sobre la ley y la prospectivista sobre el proceso de transición)
que no siendo excluyentes corrieron simultáneas por andariveles diferentes en el último tramo de la sanción de ley
(septiembre de 2004 a agosto de 2005), se complementaron, sin despejar la
confrontación de métodos y objetivos, durante un el breve tramo que siguió
hasta finales de 2006. Entonces integraron, junto con la convocante Secretaría
de Descentralización, el grupo promotor que elaborará la versión del Programa
Participativo de Transición a las Comunas (cuyo análisis presenta más adelante,
en el capitulo siguiente).
Desde el punto de vista
propositivo pueden reconocerse tres modelos diferenciados para encarar la transición: uno de estilo disipador,
distractor y controlador, en general jugado por el tandem Ejecutivo-Legislativo; otro de reclamo-presión desarrollado
por el vecinalismo tradicional; y un
tercero de organización de un programa participativo de transición, de conformación
socio-gubernamental, mixto o cogestivo.
Los dos primeros, envueltos por
momentos en una tensión aparente y en otros en una asociación dependiente se
enlazan en una práctica liberal republicana que, envuelta en acciones
judiciales o agregaciones singulares a la acción estatal con renuncia de
autonomía, no conduce a los objetivos que expresan en sus argumentaciones.
El tercero introduce una
concepción de democracia participativa
en las prácticas de la descentralización
y las políticas públicas que supone la
configuración de escenarios formalizados de participación, sostenidos en
métodos específicos para un trabajo conjunto comunidad-gobierno.
De
nuevo una mirada retrospectiva sirve para enmarcar ese mapa de alianzas móviles
y desplazamientos de actores de un campo al otro, como expresiones de la
tensión entre los procedimientos de la democracia representativa y las
prácticas de democracia participativa que la completan y/o la interpelan y/o la
cuestionan. En este caso ha sido evidente
que el pasaje, en la elaboración de una política pública, de un modelo
representación-presión a uno de horizontalidad-elaboración conjunta no
está exento de conflictividad.
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