La gestión
Macri alejó al gobierno de la ciudad de políticas socio urbanas de inclusión e
integración social, así como de promoción de cualquier forma de participación
en las políticas locales. Cayeron más que nunca los controles y cuidados al
accionar del capital financiero inmobiliario lo que motivó el aceleramiento de
la densificación en barrios específicos de la ciudad (Palermo, Villa Crespo,
Barracas y otros). La obstaculización intencional de las comunas, anulando el
papel de las Juntas con la eliminación de recursos, y anulando el papel de los consejos, promoviendo a
participación individual y no la organizacional (en contra de lo dispuesto
tanto por la constitución de la ciudad como por la ley de comunas), completa
las fronteras con que cerca su política.
Las
resistencias y oposiciones han sido respuestas por fragmentos, donde
movimientos sociales o vecinales (a veces, incluso, compuestos por votantes del
macrismo) desatan luchas específicas. Los defensores del patrimonio, por su
lado, denunciando y judicializando demoliciones (Como Basta de Demoler); los
vecinos de clase media alta y media, frenando la instalación de torres o un
túnel en sus barrios (Urquiza, S.O.S. Caballito y otros), docentes y alumnos
respecto a reducción de grados o curriculas; gente de salud defendiendo
hospitales (el Borda y otros); grupos de habitat popular constituyendo
tentativas de redes (como Arrabal) o promoviendo leyes (como El Hormiguero).
Dentro de ese
campo de acciones desde el movimiento social y la militancia política, es
difícil identificar iniciativas de criticar y poner en jaque el modelo de
ciudad, de reurbanización discriminatoria, empujado por los capitales
inmobiliarios. El Reviva Buenos Aires, efímero en medio de la campaña electoral
y, en estos días la Escuela Popular 5, son algunas de las pocas iniciativas en
esa línea.
Los Consejos
de Seguridad impulsados por el Ministerio Nacional en el territorio de la
capital crearon una situación un poco diferente. La iniciativa se corresponde
con la competencia de ese ministerio, en tanto subsiste la responsabilidad
nacional en ese tema en esta jurisdicción. La visión de la seguridad
relacionada con insuficiencias del desarrollo local y la promoción de la
participación vecinal crearon expectativas e inclinaron la militancia a esos
ámbitos ante las dificultades crecientes en el proceso de instalación de las
comunas, pero no se visibilizan posibilidades de integración formal entre el
campo de los consejos de seguridad y el de las comunas porque son, en lo
institucional, configuraciones competitivas entre ambos gobiernos, el nacional
y el de la ciudad.
En el
intermedio hubo el conflicto del Indoamericano, resuelto con la figura poco
creíble de una asociación entre ambos gobiernos (un peso de Ciudad, un peso de
Nación) para un plan conjunto de vivienda popular, que nunca vió la luz por la
misma razón de la competencia de proyectos políticos tan alternos que no
posibilitan ninguna asociación.
Este año nació
con el episodio inconcluso del Subte que puede sintetizarse como el fracaso de
la intención de derivarle a Macri la gestión de un servicio que le es propio,
es de propiedad del gobierno de la ciudad, a diferencia de la policía, que
constituye una transferencia de un servicio federal a la ciudad.
En este mismo
año, por último, el gobierno nacional inició procesos sobre la cuestión urbana
en la ciudad de Buenos Aires, desplazándose del lugar de gestor con competencia
en la jurisdicción (Consejos de la Seguridad) o de socio gubernamental en una
política de hábitat popular (programa de vivienda conjunta Ciudad-Nación) a un
lugar de actor urbano que toma
definiciones sobre el uso de sus propiedades localizadas en el territorio
capitalino.
En esa línea
debemos reconocer la promoción del Polo Cinematográfico y Audiovisual en la isla
Demarchi y la utilización de terrenos de propiedad nacional localizados en la
ciudad para programas de vivienda,
algunos para el CREAR de quienes no
tienen lotes de su propiedad para construir su casa y otros para financiar el
soterramiento del Sarmiento. Esta situación es en absoluto nueva y distinta a
las anteriores y coloca al Gobierno Nacional en una situación bien
particularizada como un actor urbano equivalente a cualquier otro actor privado o público,
interesado en destinar a un uso determinado su propiedad. El gobierno de la
ciudad también es un actor urbano cuando asigna destino y uso a predios de su
propiedad (escuelas, hospitales, locales de las comunas y otras dependencias,
mercados, basura y otros servicios, etc.).
Desde esa
posición su relación con el gobierno de la ciudad se modifica. No es que hace
por sí algo de su competencia (seguridad) ni que se propone hacer como socio un
emprendimiento social (las viviendas pos conflicto del Indoamericano) sino que
define usar terrenos urbanos de su propiedad para finalidades de sus políticas
nacionales, en estos casos, una política de desarrollo industrial y empleo, otra
de vivienda popular y una tercera, de urbanización todavía indefinida para
asegurar el transporte ferroviario de impacto social.
La utilización
social de esos terrenos fiscales se discute siempre y. cualquiera sea su
destino final, será raro que no quede envuelta en polémicos cruces de intereses.
El proyecto
industrialista en la isla Demarchi desplaza la idea del gobierno Macri de
agrandarla con el relleno de los escombros que se retiran de las grandes obras
públicas en la ciudad, y colisiona con sindicatos de algunas actividades
portuarias allí remanentes, de las embarcaciones utilizadas en dragado de los
ríos de la Plata, Paraná, Uruguay.
El proyecto de
urbanización residencial en los terrenos del FFCC en Caballito colisiona con
organizaciones vecinales que resisten a la densificación del barrio y tienen
elegidos esos terrenos para otro uso social, demandan plazas y parques.
Cualquiera de
esos proyectos y otros similares necesitarán de definiciones de legislación
urbana, que corresponde al gobierno de la ciudad, el cual deberá analizar y
aprobar o rechazar el proyecto de legislación especial que la Nación hará como
propietaria de esos terrenos. El código urbanístico le reserva ese derecho a
propietarios privados de terrenos mayores a un cuarto de manzana y estos predios son muchísimo mayores que el
mínimo de la ley.
Se abre, por
cierto, una forzada instancia de negociación entre el gobierno nacional, como
propietario, y el de la ciudad, como
regulador urbano, siendo que el resultado de esa negociación será el avance o
la obstaculización de políticas productivas y sociales nacionales.
Se abre,
también un nuevo escenario de debate, que incluirá sin duda, a una parte de los
vecinos clase medieros de los barrios que ya preanunciaron su oposición a la
construcción de viviendas (aun siendo votantes de Macri se le oponen por las
torres que densifican su contexto socio-habitacional, y por razones parecidas se
opondrán a la edificación de viviendas en los terrenos del FFCC, aunque se
destinaran a porteños que no tienen vivienda propia). La argumentación será variada,
en algún caso el fundamentalismo ecológico, en otros, la saturación de la
infraestructura; quedarán ocultos un tiempo pero luego aparecerán, los
argumentos que explicitarían la discriminación
de clase o grupo social respecto a los hipotéticos nuevos vecinos.
Aun así será
ahora mucho más atractivo e inteligente para el debate de la ciudad, por
ejemplo, la búsqueda de una combinación
de uso mixto de vivienda y parque para los terrenos ociosos del ferrocarril o dilucidar
si una combinación de industria, empleo y servicios navegables en la isla
Demarchi, es mejor que mantenerla en gran parte ociosa, ocupada por galpones en
desuso o, reduciendo el río, ampliarla con relleno de escombros y especulación
inmobiliaria
Es cierto que
esta decisión de ingresar como actor urbano no deviene de una acción
planificada y que, por eso, los proyectos específicos merecerán un análisis y
replanificación cuidada y participativa, pero se trata de una decisión que cambia
las reglas de la acción política y social en la ciudad. No podemos menos que
verla con simpatía, aunque eso exija debates profundos e intensos entre el campo de ideas e intereses
exclusivistas y fundamentalistas y el campo de ideas e intereses de integración
social y desarrollo productivo.
Una brisa de aire
fresco llega al debate de la ciudad. Con la entrada del gobierno nacional en la
transformación material de lo urbano se introduce un actor con suficiente poder
para balancear el destino de la ciudad y se fortalece el campo de quienes
aspiramos a una ciudad justa, inclusiva, integrada, participativa.
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